Actividad de la DAE permitió conocer situación de quienes viven en las comunas de Cañete y Contulmo.
Para la trabajadora social y coordinadora del Centro de la Mujer de Cañete, Jocelyn Freire, las instituciones de Educación Superior cumplen un importante rol como redes para la formación de agentes preventivos respecto de la violencia contra la mujer. La profesional participó de una charla organizada por la Unidad de Inclusión de la DAE de la Universidad, que sirvió para conocer y visibilizar esta realidad en contextos rurales y con mujeres mapuche de la provincia de Arauco, específicamente de Contulmo y Cañete.
La coordinadora explicó que, según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer esta es cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. A ello agregó que en Chile existe la Ley N° 20. 066, que en su artículo 5 refiere que la violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física (acción u omisión) o síquica de una persona.
Asimismo, de acuerdo al INE, en Cañete hay 17.896 mujeres y 1.768 personas pertenecientes a un pueblo originario. En tanto, en la de Contulmo las mujeres alcanzan la cifra de 3.003 y las personas pertenecientes a un pueblo originario ascienden a 12.268.
“Trabajamos con tipos y niveles de violencia (física, sicológica, sexual y económica) y con niveles de riesgo (sin nivel, inicial, medio y grave). De nuestras 256 usuarias, 129 se encuentran en un nivel de riesgo medio y 105 en nivel de riesgo grave. Cuando hablamos de los niveles de riesgo nos enfocamos principalmente en factores asociados al daño sicosocial, aislamiento, autonomía física, sexual, toma de decisiones”, explicó la trabajadora social.
De igual modo, indicó que de las 256 usuarias ingresadas entre 2020 y 2022, un 29% declara pertenecer al pueblo mapuche, es decir, 82 mujeres. De estas, no hay ninguna que no esté en un nivel de riesgo y que no haya sido víctima de violencia sicológica, en tanto un 34% lo ha sido de violencia grave.
“La violencia contra las mujeres es considerada en las comunidades mapuche como un problema inserto en el ámbito privado y, por ello, se oculta. Existen muchos más casos que denuncias y, culturalmente, existe la noción de un abordaje del problema primero en el ámbito familiar y comunitario, imponiéndose sanciones en este nivel y en el caso de que esta estrategia fracase, se realizaría la denuncia en los organismos pertinentes”, afirmó.
Jocelyn Freire también comentó que el centro, a pesar de esta realidad, carece de una oferta programática enfocada en la prevención de este tipo de violencia, porque tiene una sola línea que es la de atención y sigue siendo considerado como un centro de baja complejidad. Además, la extrema ruralidad de la zona conlleva dificultad de acceso a los servicios públicos, a la señal telefónica e internet y al traslado. A ello se suma la estigmatización de sectores en la denominada “Macrozona Sur” y la tardanza en el cumplimiento de notificaciones de medidas cautelares y de protección.
En relación con las iniciativas desarrolladas para enfrentar esta situación sostuvo que están la conformación de una red de centros de la mujer interculturales, el establecimiento de una coordinación con instituciones presentes en las zonas de difícil acceso (postas y escuelas), así como la realización de reuniones constantes con policías para la revisión de casos de denuncias por violencia contra la mujer pertenecientes a zona rural y cumplimiento de resoluciones de tribunales en los plazos establecidos.
