La investigadora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Serena lidera el Proyecto Fondecyt N°1220122, orientado a identificar, con evidencia empírica, qué elementos facilitan o dificultan la comprensión de textos jurídicos como contratos y demandas. Su trabajo busca aportar a una discusión que cruza lingüística, derecho, ciudadanía y justicia social.
Comprender un contrato, una demanda o una resolución judicial no debiera ser un privilegio reservado a especialistas. Sin embargo, para muchas personas, enfrentarse a un texto jurídico puede significar ingresar a un territorio difícil de descifrar, lleno de tecnicismos, estructuras complejas y fórmulas que dificultan saber, incluso, si una decisión judicial les favorece o perjudica.
Esa preocupación está al centro del Proyecto “Escritura clara en Derecho: relación entre los rasgos lingüístico-discursivos de textos jurídicos y su comprensión por parte de sujetos con conocimientos diferenciado” Fondecyt N°1220122, desarrollado por Paulina Meza, académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Serena. Desde una mirada interdisciplinaria, su investigación busca entregar evidencia empírica sobre los rasgos lingüísticos que facilitan o dificultan la comprensión de textos jurídicos en distintos grupos: abogados, estudiantes de derecho y ciudadanos sin formación jurídica.
A diferencia de muchas orientaciones sobre lenguaje claro, que se han construido desde recomendaciones generales o desde la opinión de expertos, el proyecto busca responder,con base experimental, una pregunta clave: ¿qué hace realmente comprensible un texto jurídico para distintas personas?
¿Cómo surge este proyecto y qué problemática concreta busca abordar?
Esta línea de trabajo tiene una historia larga. Antes de terminar mi doctorado, mientras desarrollaba mi tesis sobre escritura académica, me invitaron desde la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a participar en el diseño de un proyecto para incorporar cursos de competencias comunicativas en la malla de estudiantes de derecho.
La idea era incluir formación en escritura, comprensión, expresión oral y argumentación. Esos cursos se integraron a la carrera y comencé a hacer clases a estudiantes de derecho. Ahí empezó mi interés y también mi preocupación por esta área del discurso especializado, porque el derecho tiene características muy particulares.
En ese momento me di cuenta de que las herramientas que yo tenía desde mi formación no eran suficientes para enfrentar esa docencia de manera adecuada. Luego, en mi Fondecyt de Iniciación, comencé a estudiar textos producidos por estudiantes de derecho y también por estudiantes de medicina, aunque después seguí trabajando principalmente en el ámbito jurídico.
En ese proceso empezó a aparecer un tema muy común: el lenguaje claro. Aparecía la dificultad para comprender el lenguaje que usaban los profesores, el lenguaje de los textos jurídicos, la terminología, las estructuras, los conectores y los marcadores discursivos. Ahí vi que había un problema importante y que valía la pena investigarlo con mayor profundidad. Desde ese interés surge este Fondecyt Regular.
Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan las personas para comprender documentos jurídicos?
Ese es precisamente el gran vacío que justifica este proyecto: en realidad, no lo sabemos con evidencia suficiente.
Lo que existe hasta ahora sobre lenguaje claro, en muchos casos, tiene que ver con teoría, con recomendaciones o con lo que un experto o experta cree que dificulta la comprensión de los textos. Pero falta evidencia empírica que permita saber cuáles son efectivamente los elementos que facilitan o dificultan que un texto jurídico sea comprensible.
Ese es el gran aporte que buscamos realizar: generar evidencia empírica. Queremos saber qué elementos hacen más fácil o más difícil comprender un texto jurídico, pero no entendiendo el lenguaje claro como un constructo homogéneo, sino considerando distintos grupos de destinatarios y sus características particulares.
Hasta ahora, muchas veces se ha pensado el lenguaje claro como si fuera igual para todos. Es decir, si un texto tiene ciertos rasgos, sería claro para cualquier persona. Pero nosotros partimos de una idea distinta: lo que hace claro un texto jurídico para un abogado no necesariamente es lo mismo que lo hace claro para un estudiante de derecho o para un ciudadano sin formación jurídica.
Por eso diferenciamos entre lenguaje claro para abogados, lenguaje claro para estudiantes de derecho y lenguaje claro para ciudadanos sin formación jurídica. En la etapa final esperamos comprobar esto experimentalmente, mediante pruebas de comprensión que nos permitan identificar con mayor precisión qué elementos influyen en cada grupo.
¿Qué consecuencias puede tener que una persona no comprenda adecuadamente un texto jurídico?
Puede tener consecuencias muy importantes. Incluso una persona puede no enterarse correctamente de cómo resultó un proceso judicial en el que está involucrada.
En el ámbito jurídico, esto es especialmente relevante porque los textos jurídicos son vinculantes. No se trata solo de textos informativos. Son documentos que producen efectos concretos en la vida de las personas. Una resolución, un contrato o una demanda pueden cambiar la situación jurídica de un ciudadano.
Usted ha señalado que este tema también tiene una dimensión de justicia social. ¿Por qué?
Porque el lenguaje claro no solo es un problema de investigación o una discusión académica. También tiene que ver con justicia social.
Los ciudadanos debiéramos ser capaces de comprender los textos que nos afectan directamente. Y hasta ahora muchas veces eso no ocurre. Por las características propias de los textos jurídicos, muchas personas no logran comprender lo que firman, lo que aceptan o lo que una institución les comunica.
Pensemos, por ejemplo, en una persona mayor que debe firmar un contrato para pedir un préstamo, contratar un servicio o sacar una tarjeta. Puede aceptar condiciones que no comprende plenamente. Y después, desde el punto de vista legal, aparece la idea de que firmó, aceptó y quedó obligada.
Ahí hay un problema profundo. Si una persona no entiende un documento que produce efectos en su vida, hay una brecha de acceso a la justicia. Por eso, cuando me preguntan cómo resumiría la importancia de esta investigación, yo diría que se trata de acceso ciudadano a la justicia.
¿De qué manera el proyecto busca aportar evidencia nueva?
El proyecto busca superar una lógica basada solo en recomendaciones generales o en intuiciones expertas. Hoy existen pautas, manuales e iniciativas sobre lenguaje claro, pero muchas veces se construyen a partir de lo que alguien cree que se debe hacer.
Mi preocupación es que se están dando indicaciones sin suficiente sustento empírico. Por ejemplo, alguien puede decir que para escribir claro hay que hacer párrafos de cierta extensión. Pero no sabemos realmente si un párrafo de diez líneas facilita o dificulta la comprensión de un texto jurídico para distintos lectores.
Eso genera resistencia, especialmente entre abogados. Muchas veces sienten que viene alguien desde fuera del derecho a decirles cómo tienen que escribir, sin evidencia que respalde esas indicaciones.
Lo que buscamos es contar con información real, empírica y experimental. Queremos identificar qué rasgos complejizan efectivamente los textos jurídicos para la ciudadanía y cuáles pueden facilitar su comprensión.
¿Cuáles fueron los principales hitos del primer y segundo año del proyecto?
En los primeros años tuvimos dos objetivos importantes. El primero fue identificar con qué géneros jurídicos íbamos a trabajar. El derecho produce muchísimos tipos de textos: demandas, contratos, testamentos, sentencias, resoluciones, entre muchos otros.
Entonces realizamos encuestas para cruzar dos criterios: cuáles son los géneros más frecuentes en el ámbito jurídico y cuáles son percibidos como más difíciles. A partir de ese cruce, seleccionamos aquellos que resultaran relevantes tanto para la ciudadanía como para la disciplina. Finalmente, decidimos trabajar con demandas y contratos.
El segundo hito fue determinar los rasgos lingüísticos que íbamos a estudiar. Para eso hicimos una revisión bibliográfica sistemática, publicada en 2025, donde revisamos los trabajos sobre lenguaje claro disponibles hasta mayo de 2022.
A partir de esa revisión identificamos los rasgos que la literatura ha señalado como facilitadores u obstaculizadores de la comprensión de textos jurídicos. Esa fue una primera etapa: saber qué dice la bibliografía internacional sobre el tema.
¿Qué corresponde realizar ahora en la siguiente etapa?
En el tercer año vamos a observar esos rasgos seleccionados en textos reales, específicamente en contratos y demandas. Es decir, vamos a mirar cómo aparecen esos elementos en documentos jurídicos concretos.
Con eso podremos definir con mayor precisión con qué rasgos trabajaremos en la etapa experimental. El cuarto año estará dedicado a pruebas de comprensión de textos jurídicos para los distintos grupos.
La idea es que esas pruebas se construyan sobre todo lo avanzado: los géneros seleccionados, los rasgos identificados, la revisión bibliográfica, los cuestionarios y el análisis de textos reales.
¿Quiénes conforman el equipo de investigación?
El equipo es interdisciplinario. Yo soy la investigadora responsable. Mi coinvestigador es Mauricio González, psicólogo de la Universidad de La Serena, quien se encarga especialmente del diseño experimental y de los métodos cuantitativos.
También participa JadranKa Gladic, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es lingüista. Tenemos a Felipe González, de la Universidad de Barcelona, también lingüista, que trabaja en el ámbito de la educación. Además está Fernando Lillo, también de la Universidad de Barcelona.
En el equipo contamos con un abogado, Renato Valenzuela, porque siempre nos interesa trabajar con un experto de la disciplina. La idea es mirar el problema desde la lingüística y desde el derecho, no solo desde una de las áreas. Recientemente, se ha sumado Martín Monreal, estudiante de Derecho.
Además, este año se integran cuatro estudiantes de Periodismo, que desarrollarán sus tesis en el marco del proyecto. Ese trabajo será codirigido también por un académico de la Escuela Periodismo y contará con el apoyo de otra académica de esa misma área. Para nosotros es importante mantener esa conexión con la disciplina desde donde se comunica y se analiza públicamente este tema.
¿Por qué es importante que sea un equipo interdisciplinario?
Porque el problema no puede mirarse desde una sola disciplina. El lenguaje jurídico tiene una dimensión lingüística, pero también una dimensión legal, institucional, social y comunicacional.
Si solo lo analizamos desde la lingüística, podemos perder de vista el funcionamiento propio del derecho. Pero si lo miramos solo desde el derecho, quizás no contamos con todas las herramientas para estudiar la comprensión, la estructura textual o los rasgos discursivos.
Por eso necesitamos diálogo entre disciplinas. El aporte del derecho nos permite comprender mejor el funcionamiento de los géneros jurídicos. La lingüística aporta herramientas para analizar los textos. La psicología contribuye al diseño experimental y al estudio de la comprensión. Y la comunicación permite pensar cómo estos resultados pueden llegar a públicos más amplios.
¿Qué le gustaría que la ciudadanía comprendiera de esta investigación?
Me gustaría que comprendiera que esto tiene que ver con acceso ciudadano a la justicia.
En Chile existe la idea de que la ley se presume conocida por todos. Pero si las personas no son capaces de comprender los textos jurídicos, esa presunción se vuelve problemática. No puedes conocer realmente aquello que no puedes entender.
Por eso este tema es tan relevante. No se trata solo de mejorar la redacción de documentos, sino de permitir que las personas comprendan textos que pueden afectar sus derechos, sus obligaciones, su patrimonio, sus relaciones familiares o su situación frente al Estado.
La claridad del lenguaje jurídico no es un detalle. Es una condición para que las personas puedan actuar, decidir y defenderse mejor.
¿Cómo podría impactar esta investigación en la formación de abogados y abogadas?
Creo que puede tener un impacto fundamental. Si queremos incorporar el lenguaje claro de manera sistemática, no basta con hacer capacitaciones puntuales a jueces o abogados. También hay que formar a los estudiantes de derecho desde el pregrado.
Los futuros abogados debieran conocer esta línea, comprender su importancia y aprender a escribir textos jurídicos que sean adecuados para sus destinatarios. No se trata de simplificar el derecho al punto de perder precisión técnica, sino de comunicar mejor.
Yo misma trabajo estos temas en mis cursos. Actualmente imparto un Taller de Estrategias de Aprendizaje del Derecho en el primer semestre y un Taller de Alfabetización Académica en Derecho en el segundo semestre, donde abordamos escritura de textos jurídicos y lenguaje claro.
¿Qué ocurre hoy con las iniciativas de lenguaje claro en instituciones jurídicas?
Hay iniciativas relevantes. Por ejemplo, la Academia Judicial ha tenido interés en incorporar el lenguaje claro en el ámbito jurídico. También existen orientaciones y pautas en instituciones como el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados o la Red de Lenguaje Claro Chile.
El problema es que muchas de estas iniciativas se han construido sin suficiente evidencia empírica. Eso no significa que no sean valiosas, pero sí muestra que necesitamos avanzar hacia recomendaciones más fundamentadas.
Si se va a formar a jueces, abogados o funcionarios públicos en lenguaje claro, necesitamos saber con mayor precisión qué funciona, para quién funciona y en qué tipo de texto funciona.
