De acuerdo con estimaciones del mercado, el costo de adecuación puede partir en rangos de US$30.000 a US$100.000 para empresas medianas, mientras que en grandes organizaciones —con ecosistemas digitales complejos, múltiples plataformas y operación cloud— la inversión puede superar fácilmente el millón de dólares, considerando herramientas de seguridad avanzada, data governance, automatización de derechos de los titulares, consultoría especializada y cambios estructurales en la arquitectura de sistemas. En un contexto donde los datos son un activo crítico para la operación y la confianza del mercado, el cumplimiento de la ley se perfila no solo como un desafío regulatorio, sino como una decisión estratégica con impacto directo en costos, riesgos y competitividad.
Comunicaciones Belen Santalices. La inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos Personales está marcando un punto de inflexión para las empresas que operan en Chile. Más allá de ajustes normativos o cambios contractuales, la regulación está impulsando una revisión profunda de las plataformas tecnológicas, los modelos de operación y la forma en que las organizaciones entienden la gestión de datos personales, en un contexto donde la fiscalización, la trazabilidad y la capacidad de respuesta serán cada vez más exigentes.
Desde la perspectiva tecnológica, uno de los principales cambios viene dado por la adopción obligatoria de los principios de privacy by design y privacy by default. Según explica Cristina Fritz, cofundadora de Digital Exp, Enterprise Technology especializada en transformación digital de grandes empresas, la privacidad deja de ser un conjunto de lineamientos aplicados a posteriori y pasa a convertirse en un eje estructural de los sistemas digitales. “La nueva ley obliga a diseñar plataformas donde la privacidad sea el estándar operativo. Ya no basta con adaptar sistemas existentes; es necesario repensar cómo se capturan, procesan y almacenan los datos personales desde su origen”, señala.
Este nuevo enfoque implica transformaciones relevantes en la arquitectura de sistemas. Las empresas deberán avanzar hacia modelos que prioricen la minimización de datos, recolectando únicamente la información estrictamente necesaria para cumplir una finalidad legítima. A ello se suma la adopción de cifrado integral, controles de acceso basados en el principio de mínimo privilegio y mecanismos de auditoría que permitan rastrear cada interacción con datos personales. Arquitecturas modulares y segmentadas, capaces de aislar incidentes y reducir superficies de ataque, comienzan a consolidarse como un estándar técnico en un escenario de creciente exposición a riesgos.
El desafío, sin embargo, no es solo tecnológico. La nueva normativa exige una coordinación permanente entre las áreas de negocio, tecnología y seguridad de la información, un cambio cultural que muchas organizaciones aún están abordando. “El cumplimiento no puede recaer en un solo equipo. Negocio debe definir el propósito y la proporcionalidad del uso de datos; TI debe traducir esas definiciones en sistemas con privacidad incorporada; y seguridad debe garantizar que los controles funcionen frente a amenazas reales”, explica Cristina Fritz, cofundadora de Digital Exp, Enterprise Technology especializada en transformación digital de grandes empresas. En este sentido, la gobernanza de datos, con roles claros, comités transversales y métricas comunes, se vuelve una condición básica para asegurar un cumplimiento sostenido en el tiempo.
A medida que los ecosistemas digitales crecen y los datos se distribuyen entre múltiples plataformas y proveedores cloud, las herramientas de data governance y data mapping pasan de ser una buena práctica a un requisito operativo. Mantener visibilidad sobre qué datos personales existen, dónde se almacenan, quién accede a ellos y con qué finalidad es clave tanto para cumplir la ley como para responder ante eventuales fiscalizaciones. “Sin una visión centralizada y actualizada de los datos, las organizaciones pierden control y aumentan significativamente su exposición al riesgo regulatorio”, advierte Fritz.
La automatización también se posiciona como un factor decisivo. La ley refuerza los derechos de los titulares, estableciendo plazos claros para responder solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Para muchas empresas, cumplir estos tiempos de forma manual resulta inviable. Por ello, se observa una adopción creciente de portales de autoservicio, motores de workflow automatizado y plataformas de gestión de identidades, que permiten validar solicitudes, distribuir tareas y mantener trazabilidad completa. “Responder en plazo ya no es solo una obligación legal, es un indicador directo de madurez digital”, afirma Cristina Fritz, cofundadora de Digital Exp, Enterprise Technology especializada en transformación digital de grandes empresas.
