El estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad de La Serena y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sistematizó cientos de rasgos que pueden facilitar o dificultar la comprensión del lenguaje jurídico.
¿Qué hace que una sentencia, un contrato o una resolución jurídica sea fácil de entender para algunas personas y prácticamente indescifrable para otras? Esa pregunta está detrás de una investigación financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), por medio de un proyecto Fondecyt, que busca avanzar desde recomendaciones dispersas sobre lenguaje claro hacia una clasificación sistemática que permita identificar qué características de un texto ayudan o dificultan su comprensión.
El estudio, titulado “De la dispersión a la sistematización: una propuesta de tipologización de los rasgos característicos del discurso jurídico claro”, fue desarrollado por Paulina Meza, académica de la Universidad de La Serena, y Fernando Lillo-Fuentes, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El artículo fue publicado en julio de 2026 en la revista CUHSO.
La investigación aborda un problema que ha adquirido creciente importancia: la dificultad que enfrentan muchas personas para comprender textos jurídicos debido al uso de estructuras sintácticas complejas, terminología especializada, extranjerismos y formas de organización propias del ámbito legal. Aunque estudios anteriores habían identificado cientos de características relacionadas con este fenómeno, la información permanecía dispersa y resultaba difícil utilizarla de manera sistemática.
A partir de una investigación cualitativa, los autores trabajaron con 794 rasgos lingüístico-discursivos asociados al lenguaje claro y los organizaron según su efecto en la comprensión. La propuesta distingue entre rasgos facilitadores, que favorecen la claridad; complejizadores, que pueden dificultarla; y ambivalentes, cuyo efecto depende del contexto y de cómo sean utilizados. Esta última categoría constituye uno de los aportes del estudio.
Los resultados fueron posteriormente organizados en 32 categorías generales, entre ellas construcción de frases y oraciones, léxico general, léxico especializado, organización de la información, legibilidad tipográfica y precisión. La construcción de frases y oraciones concentró la mayor cantidad de rasgos identificados, mostrando el peso que tiene la sintaxis en la claridad de la comunicación jurídica.
Así, utilizar frases breves, preferir la voz activa, organizar la información de manera lógica o dividir contenidos extensos en secciones puede facilitar la lectura. En cambio, el exceso de subordinación, las oraciones demasiado extensas o determinadas estructuras sintácticas pueden aumentar la dificultad. El estudio también advierte que simplificar no significa necesariamente eliminar el vocabulario especializado: un término técnico puede ser útil y preciso si se utiliza considerando quién recibirá el mensaje y, cuando sea necesario, se acompaña de una explicación.
Para la Dra. Meza, el problema va más allá de la forma en que están escritos estos documentos. Contratos, sentencias y resoluciones pueden establecer obligaciones, afectar derechos o determinar plazos para actuar, por lo que su comprensión incide directamente en la capacidad de las personas para tomar decisiones. Además, advierte que las dificultades no afectan a todos por igual: quienes tienen formación jurídica, mayor escolaridad o recursos para acceder a asesoría cuentan con más herramientas para enfrentar textos complejos.
“La claridad no es simplemente una cuestión de estilo o de escribir de una manera más amable. Tiene que ver con algo mucho más profundo: con la posibilidad de conocer nuestros derechos, comprender nuestras obligaciones y actuar a partir de esa información”, explica la investigadora.
