Todo proyecto ANID requiere una institución que lo sostenga. Alguien debe suscribir convenios, gestionar compras y contrataciones, llevar la contabilidad, preparar las rendiciones y responder por ellas ante la Agencia y ante Contraloría, mantener operativos los comités de ética y bioseguridad, y disponer de laboratorios, oficinas y personal especializado que acompañe a quienes investigan durante toda la ejecución. Ninguna de esas tareas se resuelve sola ni carece de costo. Para reconocer parte de ese esfuerzo existen los gastos de administración indirectos, que no constituyen una utilidad sino un reembolso parcial de recursos ya comprometidos por la institución.
Y el reembolso es efectivamente parcial. En FONDECYT, los concursos Regular e Iniciación contemplan hasta un 20% por ese concepto, calculado una vez descontados los honorarios de quienes investigan y sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada año. Ese «hasta» y ese descuento reducen de manera significativa el monto que se transfiere, que de todos modos queda lejos de cubrir la estructura que la universidad debe mantener en funcionamiento. La diferencia la asume la propia institución, con recursos provenientes de otras funciones igualmente prioritarias.
Corresponde advertir, sin embargo, un antecedente decisivo, y es que el concurso situado en el centro de esta controversia, el FONDECYT de Postdoctorado, no contempla gastos de administración para las instituciones patrocinantes. La universidad incorpora a la investigadora o investigador a sus equipos de trabajo e instalaciones, asume íntegramente la gestión del proyecto y responde por cada recurso rendido, sin percibir contraprestación por esa labor. Difícilmente puede atribuirse a un cálculo económico la crítica a un instrumento en el que las instituciones únicamente aportan.
Existe además una dimensión que rara vez se menciona. En diversas universidades, entre ellas la Universidad Arturo Prat, parte de los gastos de administración que sí se perciben se reintegra a las propias investigadoras e investigadores y a sus unidades académicas, para sostener lo que ningún concurso financia, como el apoyo técnico, los insumos, la formación de estudiantes y los semilleros. Ese supuesto interés termina reinvertido en investigación, en territorios donde no existe financiamiento alternativo.
Si el ministerio estima lo contrario, existe una vía sencilla para resolverlo y consiste en abrir los datos, estableciendo cuánto cuesta administrar un proyecto y cuánto aporta cada parte. Sería una discusión más productiva, sobre todo porque el desacuerdo de fondo permanece sin respuesta.
