Abogado y magíster en Derecho Constitucional, el investigador analiza cómo factores económicos y el uso de conocimiento experto influyen en las decisiones judiciales sobre derechos sociales. Su tesis examina la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil y propone una mirada crítica sobre el rol de los tribunales en la definición y aplicación de derechos fundamentales. Esta investigación es parte de los resultados del proyecto Fondecyt N°. 11240009 cuyo nombre es “Exigibilidad judicial de los derechos sociales y el problema de la legitimidad democrática en la interpretación judicial”, dirigido por el Dr. Michele Zezza de la Facultad de Derecho y Humanidades, de la Universidad Central Región de Coquimbo.
¿Cuál es su formación y qué lo motiva a investigar en estos temas?
Soy abogado titulado en 2022 y magíster en Derecho Constitucional en 2026. Lo que más me motiva es comprender cómo el derecho y las instituciones estatales, que a menudo parecen lejanos a la vida cotidiana, inciden directamente en la experiencia diaria de las personas.
¿Cómo surgió su tema de tesis y cómo se vincula con el proyecto?
Mi interés por la justicia constitucional ha estado presente desde el inicio de mi trayectoria académica, por lo que al comenzar el magíster decidí profundizar en este campo. Dentro de él, los derechos sociales constituyen un ámbito ampliamente estudiado, pero aún lleno de preguntas abiertas. Mi investigación se inserta en los objetivos generales del proyecto al abordar una de sus complejidades centrales: la interpretación judicial y la ejecución de estos derechos.
¿Cuál fue la pregunta central de ssu investigación y el título de la tesis?
La pregunta que guió el trabajo fue: ¿de qué manera las tendencias económicas predominantes y el conocimiento técnico especializado influyen en la aplicación de derechos como la educación, la salud y el trabajo por parte de los jueces? La tesis se titula “Vaguedad semántica, deferencia epistémica y racionalidad económica en la ejecución de los derechos sociales: algunas líneas interpretativas del STF brasileño”.
¿Por qué este tema es relevante hoy?
Resulta especialmente pertinente en un contexto de creciente protagonismo del poder judicial. Los tribunales no solo resuelven conflictos, sino que también inciden en la definición de políticas públicas. Analizar la judicialización de los derechos sociales permite comprender mejor cómo se diseñan estas políticas y cuáles son sus efectos en la ciudadanía. En ese marco, la vaguedad de las normas, la deferencia hacia el conocimiento experto y la influencia de la racionalidad económica adquieren un papel decisivo.
¿Qué pudo desarrollar con tu tesis dentro del proyecto?
El trabajo permitió profundizar en las líneas jurisprudenciales del Supremo Tribunal Federal de Brasil en materia de derechos sociales, a partir de las categorías teóricas del proyecto. El análisis del funcionamiento del tribunal y del sistema jurídico político brasileño hizo posible examinar de manera sistemática sus decisiones y su vínculo con la lógica económica predominante.
Desde una mirada más amplia, ¿qué buscaba comprender la investigación?
Buscó esclarecer el papel de los tribunales constitucionales frente a normas que contienen conceptos abiertos, como acceso universal e igualitario o condiciones dignas. Estas expresiones requieren ser concretadas por los jueces en contextos de judicialización, proceso en el que influyen factores externos como la economía dominante o el uso de conocimiento especializado. Esa interacción incide tanto en la aplicación de los derechos como en la formulación de políticas públicas.
¿Qué conceptos o debates fueron clave en su trabajo?
Destaca la noción de vaguedad semántica, que aparece cuando las normas emplean términos imprecisos y dejan zonas de incertidumbre en su aplicación. A ello se suman la deferencia epistémica y la deferencia semántica. La primera puede ser legítima cuando los tribunales reconocen la necesidad de conocimiento técnico para implementar ciertos derechos. La segunda implica delegar la interpretación de conceptos constitucionales a especialistas sin un control suficiente. Esta distinción permite explorar los límites entre el uso necesario del conocimiento experto y el riesgo de pérdida de autonomía judicial frente a influencias externas, especialmente económicas.
¿Qué metodología utilizó?
Se adoptó un enfoque dogmático jurídico en dos etapas. Primero, se revisaron las principales teorías sobre normas constitucionales de derechos sociales, su justiciabilidad y los condicionamientos financieros asociados a su ejecución. Luego, se analizó jurisprudencia seleccionada del Supremo Tribunal Federal a la luz de ese marco teórico, lo que permitió un examen cualitativo que conecta teoría y casos concretos.
¿Cuáles fueron los hallazgos más relevantes?
Uno de los principales fue la identificación de prácticas de deferencia epistémica en la jurisprudencia estudiada. En determinadas decisiones, los jueces recurren a conocimientos especializados externos de una manera que puede debilitar el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional. Se trata de un fenómeno todavía poco explorado en los debates académicos sobre derechos sociales.
¿Qué desafíos enfrentaste durante la investigación?
Uno de los más relevantes fue equilibrar el análisis jurídico con el contexto político. En temas como derechos sociales y políticas económicas, ambas dimensiones se entrelazan con fuerza, especialmente en el Brasil reciente, marcado por crisis y polarización. Esto exigió sostener un enfoque jurídico riguroso sin perder de vista ese entorno.
